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El cruento tiroteo en Tucson, Arizona, ocurrido el sábado obliga una reflexión sobre las condiciones en nuestra sociedad que conducen a que un joven, con aparente desequilibrio, sea capaz de semejante masacre durante una reunión informal política en un sitio público. El hecho que el blanco haya sido la congresista Gabrielle Giffords (D- Arizona) introduce un elemento imposible de ignorar, en un momento en que el debate político se ha vuelto especialmente destructivo.
Giffords, una demócrata de tendencia conservadora que está a favor de la reforma migratoria, había sido víctima de amenazas y de agresiones en contra de su oficina, especialmente después de haber apoyado la reforma de salud. Durante la campaña política del año pasado, su escaño estaba marcado como un blanco de tiro por la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin.
Esto no significa que el agresivo clima político proveniente de la ultra derecha sea el responsable de la tragedia. Sin embargo, tal como lo señaló el Sheriff del condado de Pima, Clarence Dupnik, el nivel “corrosivo” del debate político actual —especialmente en Arizona— puede llevar a un desequilibrado a tener una reacción de este tipo.
No está claro el móvil político que pudo tener el sospechoso Jared Lee Loughner para actuar de esta manera. No obstante los indicios de inestabilidad, él pudo comprar legalmente el arma usada en la masacre gracias a que Arizona tiene una de las leyes más flexibles del país en la venta de armas de fuego.
Este incidente tendrá numerosas repercusiones. Nos preocupa, entre ellas, el impacto en la democracia, donde el contacto directo entre el político y sus representados es una base irremplazable del sistema. Es natural que los congresistas estén ahora preocupados por su seguridad y que se tomen medidas para ello, pero este incidente no debe aislar a los legisladores de los votantes.
La víctima del incidente fue la sociedad en su conjunto, representada por todos los asesinados y heridos. Para el público de poco sirve que el legislador ahora lleve su propia seguridad. La manera de proteger a la ciudadanía es con leyes razonables para controlar las armas de fuego y un discurso menos destructivo y violento.
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