La presidenta argentina, Cristina Fernández, habla durante el acto de presentación del informe “Papel Prensa: la verdad”.
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La presidenta argentina, Cristina Fernández, habla durante el acto de presentación del informe “Papel Prensa: la verdad”.
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Buenos Aires.- Cada semana, el Gobierno argentino propina un golpe distinto al mayor grupo de medios de su país, Clarín. Ayer entró en vigor la nueva ley de regulación de la televisión y la radio, que obliga a Clarín y a otros grupos a vender emisoras en el plazo de un año, pese a que existen cuatro recursos de amparo judiciales que han suspendido la aplicación de algunos o todos sus artículos, como el referido a las desinversiones.
La ley de servicios audiovisuales fue aprobada por el Congreso en octubre pasado, con el voto favorable del kirchnerismo y fuerzas de la oposición, como el Partido Socialista y el izquierdista Proyecto Sur. La ley limita la cantidad de emisoras de radio y televisión que puede tener un mismo grupo, lo que obligará a Clarín, a PRISA (grupo editor de EL PAÍS) y a otros conglomerados a vender algunas de sus licencias. La ley establece que un tercio de las licencias quede en manos del sector privado; un tercio, en las del Estado, y otro tercio, en las de las ONG. La norma ordena que las desinversiones se concreten en un plazo de un año a partir de su entrada en vigor.
La norma no se había aplicado hasta ahora porque jueces y tribunales de segunda instancia la habían frenado. La justicia había admitido cinco recursos de amparo que habían presentado Clarín, la operadora de televisión por cable Supercanal, dos diputados y una asociación de consumidores.
Uno de los recursos fue rechazado en junio por la Corte Suprema. Los otros cuatro siguen vigentes y apuntan, en un caso, contra toda la ley y en otros, contra el plazo de desinversión.
Una larga batalla judicial
Pese a todo, Fernández ha firmado el decreto de entrada en vigor de
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