Para varios activistas las acciones de la gobernadora corresponden a una venganza política contra el presidente Obama.
PHOENIX, Arizona.- Una orden ejecutiva de la gobernadora de Arizona para impedir el acceso a una licencia de conducir y posibles beneficios públicos a los jóvenes que califiquen para el plan de acción diferida de Obama fue recibida como un balde de agua helada.
"Es un golpe duro, cuando nos estábamos preparando para esto", dijo Daniela Cruz, una joven indocumentada de 21 años que forma parte del movimiento PUENTE.
La republicana Jan Brewer dijo que la acción diferida que ofrece la administración de Obama a cerca de 80 mil jóvenes sin documentos en Arizona no les otorga un estatus migratorio legal por lo cual no accederían a ningún beneficio.
Brewer, quien calificó anteriormente al plan del presidente como una forma de "amnistía" es conocida nacionalmente por haber aprobado la ley SB 1070 que convertía en un delito ser un inmigrante indocumentado.
Mediante el plan conocido como DACA los jóvenes que ingresaron al país ilegalmente antes de los 16 años de edad, que tengan un diploma de la secundaria y carezcan de un record criminal calificarán para un permiso de trabajo. DACA es renovable, pero no abre un camino hacia la ciudadanía o residencia de estos jóvenes.
Para varios activistas las acciones de la gobernadora corresponden a una venganza política contra el presidente por haber sometido un desafío legal contra esa ley ante la Corte Suprema de los Estados Unidos que rechazó sus partes clave.
"Estamos muy desilusionados que la gobernadora prefiera el estatus quo de inmigración que está roto", dijo Carmen Cornejo, directora de CADENA una organización que aboga por el DreamAct, una propuesta federal que podría legalizar a millones de estudiantes sin documentos. "Esta negando la oportunidad a gente que no tiene culpa de estar ilegalmente en el país".
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