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Los resultados de la investigación federal sobre el Sheriff del Condado de Maricopa, Arizona, fueron fulminantes como para que se termine toda colaboración en los programas federales de inmigración y suficiente como para que el Sheriff Joe Arpaio deje su cargo.
La lista de irregularidades señaladas por el Departamento de Justicia incluye el uso de perfil racial contra los latinos, discriminar dentro de la cárcel contra los detenidos que tienen un limitado conocimiento de inglés y de lanzar represalias ilegales contra la gente que critica su política y su manera de actuar. Al mismo tiempo, siguen en curso otras investigación sobre aseveraciones en el uso excesivo de fuerza, en no dar un servicio de vigilancia adecuado a las comunidades latinas en su jurisdicción y en no investigar alegaciones sobre agresiones sexuales.
Esta es una condena a los métodos de Arpaio que, con todo orgullo, se presenta como el “más duro” cuando en realidad parece corresponderle el título de ser el “más abusivo” de sus atribuciones policiales. También hay un gran jurado que estudia la posibilidad de presentarle cargos delictivos.
Este desarrollo contra Arpaio tiene su ironía, porque mientras se preparaban los resultados de la investigación federal, el Sheriff era cortejado por los precandidatos presidenciales republicanos que buscaban su respaldo.
Tanto la investigación de Arpaio, como las aseveraciones de sus excesos eran conocidos, sin embargo para la base republicana, aparentemente ciega en cuanto a inmigración, es preferible violar derechos civiles que respetar la ley.
Arpaio, por otra parte, es el mejor ejemplo de la falta de controles y de desorganización en los programas federales de colaboración migratoria entre autoridades locales y federales. La investigación y los resultados de la misma, no curan el daño causado durante a la comunidad latina en Arizona.
La credibilidad del Sheriff de Maricopa es nula mientras Arpaio se mantenga al frente de la misma. Él ya dijo que no renunciará por lo cual esperamos que la Junta de Supervisores local sume presión al esfuerzo federal para obligar su salida o destitución.
Finalmente creemos que el Departamento de Justicia debe suspender el programa de Comunidades Seguras hasta confirmar que las irregularidades cometidas por Arpaio son una excepción y no el caso más conocido de un problema de ejercicio ilegal de autoridad que se repite a lo argo del país.
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