En el condado de Los Ángeles, lejos de los reflectores de Hollywood, y mucho más lejos de la lujosa Beverly Hills, está Bell, una pequeña ciudad de obreros inmigrantes cuyo infortunio con sus inescrupulosos políticos hoy le han dado fama.

Bell es una de las nuevas puertas de entrada de inmigrantes a Estados Unidos. El 90% de su población es de origen latinoamericano, los blancos no llegan al 6%, casi no hay afroamericanos y las personas de origen asiático apenas rebasan el 1%. Por su cercanía geográfica, su pobreza y sus rasgos culturales, Bell comparte su destino con un puñado de ciudades angelinas en las que la poca participación cívica de los residentes es aprovechada por sus funcionarios municipales para enriquecerse en sus puestos porque no tienen que rendirle cuentas a nadie.

A mediados de julio, dos reporteros de Los Ángeles Times, Rubén Vives y Jeff Gottlieb, publicaron en la primera página del diario la primicia de sus investigaciones sobre la asombrosa discrepancia entre los salarios de las autoridades municipales y el ingreso promedio de los habitantes de la humilde ciudad, por cierto, muy por debajo del promedio en el condado.

Según los datos publicados en el Times, el administrador de la ciudad, Robert Rizzo, recibía un salario anual de casi $800,000; el jefe de la policía, Randy Adams, ganaba $457,000, y la asistente de Rizzo, Ángela Spaccia, $376,288. Como dato comparativo, considere que el presidente Barack Obama gana $400,000; el administrador de la ciudad de Los Ángeles, $256,803; el gobernador del estado, Arnold Schwarzenegger, debería ganar $173,987 pero no cobra su salario, y tanto el jefe de la policía de Los Ángeles como el alguacil del condado ganan la mitad de lo que ganaba su contraparte en Bell, una ciudad con una población de 38,000 habitantes.

Pero ahí no termina la historia de esta arbitrariedad porque los reporteros del Times han seguido investigando y documentando los horrores y las indignidades que los habitantes de Bell han tenido que soportar para poder pagar los estratosféricos salarios de sus abusivos funcionarios.

Entre los datos que revelaron se destaca uno que es apabullante. El dueño de una casa en Bell valorada en $400,000 paga un 50% más de impuestos de propiedad que el dueño de una casa del mismo valor en Beverly Hills, donde el ingreso bruto promedio de los residentes en la zona más exclusiva de la ciudad sobrepasa los tres millones de dólares al

año.

Después de la publicación de los escandalosos salarios, la gente de Bell reaccionó despidiendo a los tres privilegiados burócratas. Pero a menos que la investigación del Procurador de Justicia del Condado revele actos ilícitos de los tres funcionarios, estos recibirán una pensión vitalicia sólo ligeramente menor al sueldo.

La historia del abuso en Bell, que bien podría ser la historia de tantos municipios pobres en todo el mundo, debería dejarnos por lo menos tres lecciones claras y contundentes. La primera es evidente. No puede haber buen gobierno cuando los asuntos públicos se manejan sin la debida transparencia. Pero para que haya transparencia es necesario que la ciudadanía se involucre en el escrutinio del gobierno y demande rendición de cuentas.

Otra condición esencial para evitar el abuso es que los inmigrantes se integren plenamente a la sociedad, aprendan inglés, se hagan ciudadanos, se registren para votar, elijan a los mejores de entre sus vecinos y boten a los ineptos y a los corruptos.

La tercera lección es que sin una prensa responsable que sabe adentrarse en las comunidades para investigar los asuntos públicos, es difícil que la ciudadanía cuente con los datos necesarios para normar su juicio. Las telenovelas, los concursos y los deportes que a diario ven en sus televisores la mayoría de los habitantes de Bell no les sirven de nada. Y mientras los medios en español de Los Ángeles no cubran adecuadamente a su clientela, los inmigrantes que sólo hablan español seguirán siendo explotados por políticos inescrupulosos como los que el Times acaba de denunciar.