A sabiendas de que con su protesta podrían provocar su arresto y deportación, hace dos meses que cinco estudiantes vestidos con toga y birrete llegaron a la oficina del senador John McCain, en Tucson, Arizona, para recordarle su apoyo al proyecto de ley llamado Dream Act y exigirle coherencia moral.

Afortunadamente para ellos no estaba en las inmediaciones de Tucson el sheriff Joe Arpaio, cuyo celo para perseguir a personas que se encuentran en el estado sin tener autorización migratoria no tiene par en toda la nación.

También tuvieron la suerte de no ir a dar a la cárcel acusados de ser narcotraficantes porque tampoco andaba por Tucson la gobernadora Jan Brewer, quien dice que ``la mayoría de la gente que cruza la frontera ilegalmente en el estado de Arizona es dirigida y controlada por los carteles de los narcotraficantes para transportar la droga'.

La situación migratoria de tres de los cinco muchachos de Tucson es delicada pues llegaron a este país con sus padres sin los documentos que acreditaban la legalidad de su estancia en el país. Aquí crecieron, aquí estudiaron y aquí se graduaron al igual que otros 500 muchachos que en junio celebraron su graduación manifestando su apoyo al Dream Act en la escalinata del Congreso en Washington.

Eran chicos nacidos en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Irán y en muchos otros países. Muchos de ellos no hablan el idioma de su país de origen y la mayoría de ellos ni siquiera han ido de visita. Deportarlos equivaldría a enviarlos a un país que les es ajeno y extraño.

Desde hace poco más de una década, el predicamento en el que se encuentran estos jóvenes ha motivado que escuelas, iglesias, organizaciones de derechos civiles, asambleístas estatales y congresistas se afanen por encontrarle una solución justa y humana a su situación migratoria.

La semana pasada, el Migration Policy Institute publicó un nuevo informe según el cual el universo total de jóvenes adultos que podrían beneficiarse de esta legislación ronda los dos millones de personas. La cifra disminuiría a unas 360 mil si se aplicaran los cuatro requisitos que fija el proyecto de ley: haber llegado al país antes de cumplir 16 años; haber residido en él 5 años antes de la aprobación de la ley; tener un diploma de preparatoria o su equivalente y ser menores de 35 años.

Presentado al Congreso originalmente en el 2001, en el 2009 logró tener el apoyo de

52 senadores, 11 de ellos republicanos pero se quedó corto. Para el 2010, el apoyo al Dream Act ha crecido y finalmente el sueño podría convertirse en realidad, quizá adicionado al proyecto de ley de apropiaciones que contendría el presupuesto y que deberá discutirse en el otoño.

Las razones para abogar por su aprobación sobran y quizá la principal sea de índole moral. Después de todo, no es justo que los jóvenes sean castigados por decisiones que tomaron sus padres sin consultarlos. Pero hay también argumentos de orden pragmático que se podrían esgrimir en su defensa.

Por ejemplo, tratándose de muchachos que venciendo adversidades heredadas lograron desarrollar todo su potencial para encontrar una profesión desde la cual podrían contribuir al bienestar económico del país, no abogar por su plena integración significaría tirar por la borda años de educación y sacrificio individual y colectivo.

Pero eso no es todo. Como bien señaló Doris Meissner, ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización, y hoy directora del MPI, en testimonio presentado ante el Congreso en abril del 2009, ``la falta de papeles migratorios legales es la principal barrera que los 360 mil muchachos que han terminado su preparatoria enfrentan para acceder a la educación superior y otros 700,000 que van en camino a la preparatoria'.

En este sentido, dijo Meissner, ``el objetivo central debe ser recuperar el estado de derecho creando un sistema que satisfaga las necesidades económicas y de seguridad del país y preserve nuestros intereses humanitarios y nuestros valores'.