El propósito declarado de los promotores del proyecto de ley que esta semana podría ser finalizado en el Senado estatal de Arizona es ponerle coto a la inmigración ilegal. Para la comunidad latina, sin embargo, este no es sino un nuevo y brutal asalto del Partido Republicano estatal en su contra.

Si acaso la gobernadora Jan Brewer llegara a convertirlo en ley con su firma (a la hora de terminar esta columna no se sabía si lo vetaría o lo aprobaría), es poco probable que los cuerpos policíacos del estado estén en condiciones de cumplir un mandato excesivo, impracticable y sumamente costoso.

De lo que no cabe duda es que de convertirse en ley, la vida diaria de las personas de tez morena que hablen el inglés con acento, que hablan en español cuando se van a trabajar, llevan a los niños a la escuela o van a la iglesia, se volvería insoportable. El 30% de la población del estado es de origen hispanoamericano.

El texto del proyecto de ley SB 1070 establece que cuando las autoridades estatales tengan una ``sospecha razonable'' de que un ``forastero'' se ha introducido ``ilegalmente'' a Estados Unidos ``deben intentar, dentro de lo posible, determinar su status migratorio'' y proceder conforme marca la ley. Si el ``sospechoso de ser ilegal'' no trae consigo prueba de que reside legalmente en el país se le aplicaría una multa de $500 mínimo y cárcel hasta por seis meses. Y si se determinara que es ilegal, sería entregado a las autoridades federales para que sean estas quienes le deporten. También incurriría en un delito quien ``a sabiendas o de forma temeraria'' hace caso omiso de la condición migratoria de una persona y le transporta de un lugar a otro. La ley también facultaría a cualquier ciudadano a demandar a las autoridades que, ``a su juicio'', no estén cumpliendo con su nueva obligación. (Los entrecomillados son míos).

En pocas palabras, lo que la legislatura de Arizona pretende es forzar a las policías estatal y municipal a que, basados en el color de la piel y en el posible origen étnico o nacional de una persona, procedan a interrogarle y a pedirle que demuestre su derecho a estar en Arizona mostrando un documento de identidad que ningún ciudadano legal tiene.

De aprobarse la ley, me dice Thomas A. Sáenz, presidente de MALDEF, una organización defensora de los derechos de los inmigrantes, ``entablaríamos una demanda basados

en la preeminencia del gobierno federal en asuntos de inmigración y también porque la Enmienda 14 a la Constitución prohíbe el uso de perfiles raciales como criterio de detención por considerarlos una forma de discriminación racial''.

Así las cosas, lo más probable es que el renovado asalto a la comunidad no sobreviva la ofensiva legal. Lo malo, sin embargo, es que la exagerada beligerancia de la legislatura en Arizona mina la posible legitimidad del reclamo de aquellos que sienten el peso del trayecto de los indocumentados por el estado. Es un hecho irrefutable que el refuerzo de la seguridad fronteriza en California y en Texas ha dejado vulnerable a Arizona. También es cierto que los migrantes dejan huellas indeseadas de su paso y que los que encuentran trabajos establecen ahí su residencia generando costos por servicios a las municipalidades.

Pero el problema no se resuelve con este tipo de leyes y sí se enturbia aún más la posibilidad de lograr una reforma migratoria integral en el Congreso que viabilice un flujo legal y ordenado de inmigrantes a este país porque polariza a la población.

Hoy que el número de migrantes a EEUU ha disminuido; que los controles migratorios en la mayor parte de la frontera sur se han reforzado; que los sistemas para determinar el status migratorio de un empleado han mejorado notablemente y que no hay manera humanamente posible de deportar a millones de personas que ya han hecho su vida aquí, los congresistas republicanos de Arizona deberían encabezar la lucha por la reforma migratoria integral que verdaderamente les ayudaría a guardar el orden en su frontera.